El gobierno salvadoreño ha actualizado la ley antilavado de dinero incluyendo a los proveedores de servicios de Bitcoin (BTC) y criptomonedas. Estableció normativas y obligaciones específicas para estas empresas del sector.
La actualización de la ley antilavado de El Salvador, que ya entró en vigencia, pone el foco sobre los proveedores de monederos, pasarelas de pago y casas de intercambio de criptomonedas, los cuales son considerados “sujetos obligados” a informar y reportar las operaciones financieras tradicionales y sospechosas.
Además, estas empresas de criptomonedas tendrán que registrarse ante las autoridades y cumplir una serie de requisitos para poder operar legalmente en suelo salvadoreño, entre los que se incluye el registro de los clientes de sus plataformas, así como de todas las operaciones que se ejecuten en ellas. También deben cumplir políticas de límites de transacciones y contar con un oficial de cumplimiento, que tendrá “independencia y autonomía” para tomar decisiones, entre otras cosas.
La normativa también exige a los proveedores de servicios mantener políticas para evitar la pérdida o robo de los activos de los clientes, así como registros de los activos, pasivos y del patrimonio de la empresa. Además, dichas empresas deberán detectar operaciones inusuales y reportarlas a las autoridades.
La actualización de la ley antilavado de El Salvador, que ya entró en vigencia, se da semanas después de que se aprobaran y entraran en vigencia otras legislaciones que buscan fomentar el ecosistema de Bitcoin en el país. Entre ellas la ley de Fomento a la Manufactura Tecnológica que supone la eliminación de impuestos por 15 años a todas las que invirtieran en el desarrollo tecnológico desde la nación centroamericana y la ley de Emisión de Activos Digitales que allana el camino para la esperada llegada de los bonos bitcoin (también llamados bonos volcán), que serán emitidos por el exchange Bitfinex en las próximas semanas.
